Diputadas federales alistan exhorto al gobernador
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 26 ene 11 (CIMAC).- Luego de que una joven fue condenada a 23 años de prisión al sufrir un aborto espontáneo, diputadas federales alistan un punto de acuerdo para que el gobierno de Baja California, encabezado por José Guadalupe Osuna Millán, informe cuántas mujeres se encuentran presas acusadas por homicidio agravado por parentesco y por aborto.
Las legisladoras afirmaron que el gobierno estatal violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el acuerdo entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Paulina, y la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM-046), emanada del mismo caso.
En entrevista telefónica, Marixtel Calderón, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, informó que el pasado 24 de enero en el juzgado cuarto penal de Mexicali, Baja California, se emitió una sentencia por 23 años de prisión a una joven de 21 años de edad por el supuesto delito de homicidio agravado por parentesco.
Sin embargo, la joven —presa desde 2008— sufrió un aborto espontáneo, por lo cual las organizaciones civiles seguirán exigiendo su liberación inmediata, así como el respeto a sus Derechos Humanos violentados.
La abogada informó que tras la sentencia del juez y el escarnio de los medios locales, la víctima se encuentra mal psicológica y emocionalmente, ya que antes de ser notificada de manera oficial sobre su sentencia ella se enteró por los medios de comunicación.
Marixtel Calderón dijo que los medios han difundido diferentes versiones sobre el caso y la vida privada de la joven, con lo que se “refuerza la discriminación y violencia por parte del Estado contra ella”.
Advirtió que ante la eventualidad de que en Baja California existan más casos de mujeres presas por homicidio agravado por parentesco, las diputadas solicitarán que en la entidad se realice un censo de mujeres que se encuentran actualmente purgando sentencias por decidir sobre su cuerpo o por sufrir abortos espontáneos.
Las legisladoras afirmaron que el gobierno estatal violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el acuerdo entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Paulina, y la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (NOM-046), emanada del mismo caso.
En entrevista telefónica, Marixtel Calderón, integrante de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, informó que el pasado 24 de enero en el juzgado cuarto penal de Mexicali, Baja California, se emitió una sentencia por 23 años de prisión a una joven de 21 años de edad por el supuesto delito de homicidio agravado por parentesco.
Sin embargo, la joven —presa desde 2008— sufrió un aborto espontáneo, por lo cual las organizaciones civiles seguirán exigiendo su liberación inmediata, así como el respeto a sus Derechos Humanos violentados.
La abogada informó que tras la sentencia del juez y el escarnio de los medios locales, la víctima se encuentra mal psicológica y emocionalmente, ya que antes de ser notificada de manera oficial sobre su sentencia ella se enteró por los medios de comunicación.
Marixtel Calderón dijo que los medios han difundido diferentes versiones sobre el caso y la vida privada de la joven, con lo que se “refuerza la discriminación y violencia por parte del Estado contra ella”.
Advirtió que ante la eventualidad de que en Baja California existan más casos de mujeres presas por homicidio agravado por parentesco, las diputadas solicitarán que en la entidad se realice un censo de mujeres que se encuentran actualmente purgando sentencias por decidir sobre su cuerpo o por sufrir abortos espontáneos.
Calderón adelantó que la diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Enoe Uranga prepara un punto de acuerdo para llamar al gobierno a que realice el censo, así como para que respete lo establecido en recomendaciones en materia de aborto legal de organismos como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
11/GTR/RMB/LGL
Fuente: CIMAC
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