Presidente Constitucional de la República Mexicana.
Presente
Sr. Presidente:
Hace tres años, cuando renuncié a mi cargo como Fiscal Especial para la Atención a los Delitos
Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, hoy FEVIMTRA, señalé con toda claridad que lo hacía por vergüenza de pertenecer al corrupto sistema de justicia de nuestro país. Hoy, esa vergüenza vuelve a quemarme la piel y la conciencia, por eso, no puedo sino unirme a la indignación de todas las mujeres de este país que, después de conocer la noticia del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz y de las agresiones que han sufrido estos últimos días su familia, exigen justicia; me uno a ellas denunciando con toda la energía de que soy capaz, la corrupción que se esconde tras cientos de palabras huecas sobre las políticas públicas para garantizarnos, a todas las mujeres, una vida libre de violencia, en especial, las políticas en materia de justicia.
No basta que pinten de color rosa todos los transportes públicos en todas las ciudades del país; no basta que se construyan cientos de refugios para mujeres víctimas de violencia; no basta que
proporcionen “lámparas de luz ultravioleta” a todos los ministerios públicos del país, atendiendo la recomendación de la “novedosísima” propuesta de un protocolo de investigación para feminicidios; no basta que se propongan y construyan centros de justicia para las mujeres, si todo esto se inserta en el mismo esquema de justicia misógino que padecemos hoy en día y se esconde detrás del absoluto desinterés de las autoridades por atender el problema.
Tres jueces: Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua consideraron que no se habían logrado probar ni la verdadera causa de la muerte de Rubí Marisol, ni la historia de violencia que ella había sufrido a manos de Sergio Rafael Barraza, a pesar de su propia confesión ni “se acreditó la conducta que lo orilló a matarla. Como si no lo supiéramos, como si no fuera universalmente sabido, probado y aceptado más allá de toda duda, que la causa está en las relaciones abusivas de poder, esas que no saben reconocer en los tribunales o en las procuradurías. Es más, ni siquiera la saben reconocer en las diferentes comisiones que se han creado para diseñar políticas públicas para erradicar la violencia de género contra las mujeres en nuestro país. La verdad es que la mayoría de las autoridades de este país, ni ven, ni oyen ni les interesa hacer nada para erradicar esta violencia y los asesinatos de Marisela y de Rubi, no son sino una trágica y vergonzante prueba de ello.
En varios medios de comunicación he leído que usted está indignado por estos hechos y señala que su causa es la corrupción de esa juez y sus dos compañeros de tribuna. Permítame diferir de su opinión, Señor Presidente. No son responsables sólo estas tres personas; es responsable todo el sistema de procuración y administración de justicia de nuestro país. Los argumentos de la juez y los jueces me recuerdan los vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de una grabación que todo el país escuchó hace algunos años y luego nos dijeron que eso no podía ser prueba porque “no se había obtenido legalmente”, espero que usted se acuerde, me parece que sacó, en su momento, una “tarjeta roja”. También me recuerdan aquellos que un Ex Procurador expresó sobre la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo, diciendo, sin pudor alguno, que él no aplicaría esa Ley porque no le gustaba, así lo dijo; o los que escuchamos hace poco de la propia Suprema Corte respecto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Justicia y la imposibilidad de aplicarlas porque son contrarias a las normas de justicia militar de nuestro país, independientemente de lo que señala el artículo 133 de nuestra Carta Magna. O bien los pretextos sobre dificultades financieras que empiezan a circular en gobiernos, tribunales y procuradurías, para no aplicar el mandato constitucional de transformar nuestro sistema de justicia, como si las autoridades pudieran elegir entre cumplir o no la Constitución: O bien las órdenes como la que recibí de mi entonces jefe para no informar a la familia de Fanny que la habíamos encontrado, bajo la promesa, todavía incumplida, que la entonces AFI iría a rescatarla. ¿Cuántos más ejemplos quiere que le enliste para que usted pueda valorar la razón que me asiste?
Ochoa Contreras, Zúñiga Vázquez y Boudid actuaron de la peor manera posible y ello, junto con la negligencia de otras autoridades que omitieron escuchar y dar protección a Marisela, derivó en su asesinato así como en las agresiones que ahora sufre su familia. En eso estamos de acuerdo, pero, una actuación similar con idénticos argumentos los hubiéramos visto en por lo menos seis de las y los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque nos han dicho hasta el cansancio que son un tribunal de derecho, no un tribunal de justicia; esto quiere decir, según su manera de interpretar, que se constriñen a leer su código y ver si pueden aplicarlo literalmente al caso que tienen enfrente. Así establecen criterios de actuación que copian, a lo largo y ancho de nuestro país, todas y todos los jueces, y repiten las y los agentes del ministerio público de las 33 procuradurías que tenemos en México.
¿De qué sirve que se hagan esfuerzos enormes desde el Programa de Transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres para capacitar al personal de procuradurías y tribunales si, como dicen las y los funcionarios que asisten entre castigados y forzados, sus superiores no les hacen caso y no les permiten aplicar lo que aprenden? ¿De qué sirve que los 33 mecanismos para el adelanto de las mujeres del país trabajen horas extras machacando una y otra vez los acuerdos por la igualdad, la no violencia en México y la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres, si estos esfuerzos no son acompañados de los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno? ¿De qué sirve todo esto, Señor Presidente, si no tenemos justicia?
Sí Señor, estoy segura que ese es el verdadero problema: la ineficiencia y corrupción de nuestra justicia, su incapacidad de juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, así como el desperdicio de energía y de recursos que Ministros, Ministras, Magistrados y Magistradas, Juezas y Jueces, canalizan a garantizar la solidez del fideicomiso para su jubilación, en vez de utilizarlos para simplemente hacer justicia.
Aunque queda mucha impotencia en el tintero, me despido de usted, con toda la indignación por éste y por los cientos de miles de actos de violencia de género contra las mujeres que han quedado impunes en México.
Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres de la PGR, hoy FEVIMTRA, señalé con toda claridad que lo hacía por vergüenza de pertenecer al corrupto sistema de justicia de nuestro país. Hoy, esa vergüenza vuelve a quemarme la piel y la conciencia, por eso, no puedo sino unirme a la indignación de todas las mujeres de este país que, después de conocer la noticia del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz y de las agresiones que han sufrido estos últimos días su familia, exigen justicia; me uno a ellas denunciando con toda la energía de que soy capaz, la corrupción que se esconde tras cientos de palabras huecas sobre las políticas públicas para garantizarnos, a todas las mujeres, una vida libre de violencia, en especial, las políticas en materia de justicia.
No basta que pinten de color rosa todos los transportes públicos en todas las ciudades del país; no basta que se construyan cientos de refugios para mujeres víctimas de violencia; no basta que
proporcionen “lámparas de luz ultravioleta” a todos los ministerios públicos del país, atendiendo la recomendación de la “novedosísima” propuesta de un protocolo de investigación para feminicidios; no basta que se propongan y construyan centros de justicia para las mujeres, si todo esto se inserta en el mismo esquema de justicia misógino que padecemos hoy en día y se esconde detrás del absoluto desinterés de las autoridades por atender el problema.
Tres jueces: Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua consideraron que no se habían logrado probar ni la verdadera causa de la muerte de Rubí Marisol, ni la historia de violencia que ella había sufrido a manos de Sergio Rafael Barraza, a pesar de su propia confesión ni “se acreditó la conducta que lo orilló a matarla. Como si no lo supiéramos, como si no fuera universalmente sabido, probado y aceptado más allá de toda duda, que la causa está en las relaciones abusivas de poder, esas que no saben reconocer en los tribunales o en las procuradurías. Es más, ni siquiera la saben reconocer en las diferentes comisiones que se han creado para diseñar políticas públicas para erradicar la violencia de género contra las mujeres en nuestro país. La verdad es que la mayoría de las autoridades de este país, ni ven, ni oyen ni les interesa hacer nada para erradicar esta violencia y los asesinatos de Marisela y de Rubi, no son sino una trágica y vergonzante prueba de ello.
En varios medios de comunicación he leído que usted está indignado por estos hechos y señala que su causa es la corrupción de esa juez y sus dos compañeros de tribuna. Permítame diferir de su opinión, Señor Presidente. No son responsables sólo estas tres personas; es responsable todo el sistema de procuración y administración de justicia de nuestro país. Los argumentos de la juez y los jueces me recuerdan los vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de una grabación que todo el país escuchó hace algunos años y luego nos dijeron que eso no podía ser prueba porque “no se había obtenido legalmente”, espero que usted se acuerde, me parece que sacó, en su momento, una “tarjeta roja”. También me recuerdan aquellos que un Ex Procurador expresó sobre la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Quintana Roo, diciendo, sin pudor alguno, que él no aplicaría esa Ley porque no le gustaba, así lo dijo; o los que escuchamos hace poco de la propia Suprema Corte respecto de las Sentencias de la Corte Interamericana de Justicia y la imposibilidad de aplicarlas porque son contrarias a las normas de justicia militar de nuestro país, independientemente de lo que señala el artículo 133 de nuestra Carta Magna. O bien los pretextos sobre dificultades financieras que empiezan a circular en gobiernos, tribunales y procuradurías, para no aplicar el mandato constitucional de transformar nuestro sistema de justicia, como si las autoridades pudieran elegir entre cumplir o no la Constitución: O bien las órdenes como la que recibí de mi entonces jefe para no informar a la familia de Fanny que la habíamos encontrado, bajo la promesa, todavía incumplida, que la entonces AFI iría a rescatarla. ¿Cuántos más ejemplos quiere que le enliste para que usted pueda valorar la razón que me asiste?
Ochoa Contreras, Zúñiga Vázquez y Boudid actuaron de la peor manera posible y ello, junto con la negligencia de otras autoridades que omitieron escuchar y dar protección a Marisela, derivó en su asesinato así como en las agresiones que ahora sufre su familia. En eso estamos de acuerdo, pero, una actuación similar con idénticos argumentos los hubiéramos visto en por lo menos seis de las y los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque nos han dicho hasta el cansancio que son un tribunal de derecho, no un tribunal de justicia; esto quiere decir, según su manera de interpretar, que se constriñen a leer su código y ver si pueden aplicarlo literalmente al caso que tienen enfrente. Así establecen criterios de actuación que copian, a lo largo y ancho de nuestro país, todas y todos los jueces, y repiten las y los agentes del ministerio público de las 33 procuradurías que tenemos en México.
¿De qué sirve que se hagan esfuerzos enormes desde el Programa de Transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres para capacitar al personal de procuradurías y tribunales si, como dicen las y los funcionarios que asisten entre castigados y forzados, sus superiores no les hacen caso y no les permiten aplicar lo que aprenden? ¿De qué sirve que los 33 mecanismos para el adelanto de las mujeres del país trabajen horas extras machacando una y otra vez los acuerdos por la igualdad, la no violencia en México y la armonización legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres, si estos esfuerzos no son acompañados de los tres poderes en los tres ámbitos de gobierno? ¿De qué sirve todo esto, Señor Presidente, si no tenemos justicia?
Sí Señor, estoy segura que ese es el verdadero problema: la ineficiencia y corrupción de nuestra justicia, su incapacidad de juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos, así como el desperdicio de energía y de recursos que Ministros, Ministras, Magistrados y Magistradas, Juezas y Jueces, canalizan a garantizar la solidez del fideicomiso para su jubilación, en vez de utilizarlos para simplemente hacer justicia.
Aunque queda mucha impotencia en el tintero, me despido de usted, con toda la indignación por éste y por los cientos de miles de actos de violencia de género contra las mujeres que han quedado impunes en México.
Atentamente
México, D.F., a 19 de diciembre de 2010
México, D.F., a 19 de diciembre de 2010
Doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña
No hay comentarios:
Publicar un comentario