7 sept. 2011

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA, YA

 
Academia Mexicana de Ciencias
México, D.F., 7 de septiembre de 2011
 
 
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA, YA
 
·         Atravesar México es para los migrantes caminar entre minas
 
·         Imposible disociar el estado de excepción que padece México con la realidad migratoria
 
 
El contexto mexicano recrudeció la crisis que viven los migrantes, estos extranjeros con niveles altos de pobreza se volvieron doblemente vulnerables al pasar por México, manifestó Leticia Calderón Chelius, socióloga del Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora".
 
La también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dijo que es necesario que el gobierno federal recupere las iniciativas y las visiones que tienen las organizaciones sociales que trabajan con migrantes.
 
"La cerrazón a que voluntarios de los albergues den seguimiento y cuenta de los problemas que hay con los migrantes, es un ejemplo de los pendientes que tienen las autoridades de los tres órdenes de gobierno", señaló.
 
Calderón Chelius explicó que hay cuadros académicos importantes que estudian lo que sucede en lugares específicos que son paso de migrantes y que son estos investigadores los que pueden contribuir para  ayudar a formular las herramientas para garantizar los derechos humanos de los migrantes.
 
La Dra. Amarela Varela Huerta, es una de estas estudiosas, especializada en el paso de migrantes por la frontera sur y por el país, quien coincide con Calderón Chelius al asegurar que el escenario de guerra en el territorio mexicano obtuvo relevancia para los estudiosos de los flujos migratorios cuando en agosto del 2010 aparecieran 72 migrantes asesinados por "bandas criminales" en un rancho del municipio de San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas.
 
La profesora investigadora, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), expresó que características de esta masacre fueron masivamente visibilizadas por primera vez de manera detallada, aunque investigadores del sur de México llevan más de una década denunciando esta barbarie con trabajos académicos diversos.
 
"Después de la masacre de San Fernando, la sociedad civil y los gobiernos de los migrantes asesinados exigieron al estado mexicano establecer medidas efectivas para garantizar la seguridad y el derecho a la vida de los migrantes que transitan por México", añadió.
 
Sin embargo, el gobierno mexicano no solo no ha esclarecido la "masacre de los 72" sino que desde entonces se han encontrado alrededor de 40 fosas con 193 cadáveres, según Alejandra Gordillo, directora da la Comisión Nacional para la Atención al Migrante de Guatemala.
 
La muerte a pedradas del migrante guatemalteco Luis Fernando Cardona, el pasado 2 de agosto, demuestra que en Tultitlán hay racismo institucional, que se traduce en una ley insuficiente recientemente aprobada. Por lo que los migrantes no quedan protegidos y su transito sigue criminalizado en México, manifestó.
 
Pero también, dijo, hay racismo social, que se expresa en la demanda de los lugareños por desalojar a los migrantes y la casa de apoyo de sus barrios (Casa del Migrante San Juan Diego), pero ese racismo se explica por la omisión del estado mexicano para proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes.
 
Resulta imposible disociar el estado de excepción permanente que hoy padece México, con la realidad migratoria que lo circunda. Atravesar por México es, sin lugar a dudas, caminar entre minas y quien llega a salvo a la frontera norte ha conseguido transitar por la pesadilla no sin salir ileso, subrayó.
 
México, además de ser el segundo país expulsor de migrantes en el mundo (OIM: 2011), es un territorio de tránsito de aproximadamente 400 mil seres humanos al año. También es un país de instalación de migrantes, actualmente viven en él más de 250 mil "extranjeros" con forma migratoria regularizada, según registros del Instituto Nacional de Migración (INM).
 
Esta conformación sociodemográfica de México como territorio expulsor, comentó Varela Huerta, de tránsito e instalación de migrantes, se hace más compleja si se considera la vecindad con Estados Unidos, país que desde 2001 ha dado un giro a sus políticas de extranjería, trenzándolas con las doctrinas de "seguridad nacional". De ahí se derivan dos panoramas claves, interdependientes unos con otros, apuntó.
 
Por otra parte, señaló que la academia tiene varias propuestas y de todo tipo, desde trabajo de sensibilización hacia diputados y senadores para completar la ley migratoria, hasta una depuración radical de las instituciones policiales y migratorias para frenar la violación sistemática y estructural de los derechos humanos de los migrantes por parte de autoridades mexicanas.
 
Así como: "Campañas de educación y sensibilización para la ciudadanía donde se desarticulen los discursos xenófobos a través de visualizar las similitudes entre los centroamericanos y nosotros, de hacer visible que los motivos del éxodo son los mismos que provocan la huida en masa de nuestros familiares hacia Estados Unidos".
 
Precisó que la criminalización de los migrantes no solo no resuelve el problema de racismo social e institucional sino que lo agudiza, porque produce como culpables o criminales a las victimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que ponen en duda que en México este vigente un Estado de Derecho.
 
Una de las soluciones que propone Varela Huerta es la de marcos legales (basados en experiencias exitosas de otros países expulsores como la Constitución del Ecuador, de extrema vanguardia porque reconoce el derecho a la libertad de circulación) para reformular las leyes y reconstruir las instituciones de lo migratorio. Pero sobre todo, escuchar a los protagonistas de la tragedia humanitaria, reconocer y estudiar sus demandas y planteamientos.
 

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