25 abr. 2011

Ley de Derechos Humanos

Mesa de Diálogo
Un programa de análisis semanal en el que el periodista Javier Solórzano aborda con legisladores los temas más relevantes del quehacer legislativo de actualidad.



México, D. F., 16 de marzo de 2011

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD) -SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN) -SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI) -SEN. RICARGO MONREAL ÁVILA (PT)
LEY DE DERECHOS HUMANOS

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIOD ISTA: Este día, esta noche, queremos abordar un tema que todos sabemos de su importancia y la evolución que ha tenido en la sociedad mexicana.
Es un asunto sí de leyes, pero es un asunto de educación, de formación de nuestra sociedad, que es el tema de los derechos humanos.

Un tema que con características universales a lo mejor nos cayó un poco tarde acá, pero nos cayó. Y hoy particularmente en el Senado está una discusión sobre qué hacer con esta Ley de Derechos Humanos, hacia dónde dirigirla, y sobre todo con un tema que ahorita está muy latente, vigente, que es el papel de los defensores de los derechos humanos y que en muchas ocasiones éstos se encuentran a la intemperie materialmente.

Estas son dos grandes áreas del programa de nuestra Mesa de Diálogo. Y le queremos agradecer al senador Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Justicia, que esté aquí con nosotros.

También está con nosotros el senador Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Justicia.

También el senador Pedro Joaquín Coldwell, del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
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Y el senador Ricardo Monreal, del Partido del Trabajo, presidente de la Comisión Jurisdiccional.
Debo decir que no me puedo quejar hoy; vino así como el peso completo. Están casi todos, para que no se sorprenda nadie.

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ ( PRD): ¿Tan gordos nos ves?
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Tú sabes que es una metáfora, como dice la película.
-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ ( PRD): Qué bueno que lo aclaras.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIOD ISTA: Pablo, ¿es tan grave el problema de los derechos humanos en México, para que ustedes lo vean, lo coloquen y lo tengan en la mira en la búsqueda de una reforma o creación de nuevas reglas respecto a los derechos humanosen México?

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): En realidad no estamos creando nuevas reglas. Lo que estamos haciendo es incorporar la totalidad de los derechos humanos en la Constitución y estamos obligando a las autoridades a garantizar el ejercicio de esos derechos humanos; le estamos dando más funciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estamos estableciendo que llegado el caso en que por excitativa o propuesta del Ejecutivo el Congreso pueda suspender en algún lugar del país el ejercicio de los derechos, una serie de derechos básicos no podrían suspenderse ni así, ni en guerra.

Entonces estamos dándole una dimensión nueva, distinta. Ésta es una hermana de otra reforma que también se originó en el Senado y que está a punto de ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados, que dice que en el juicio de amparo; restitución del amparo, que es un amparo judicial y un amparo jurisdiccional, es en contra de la violación de cualquier derecho humano, ya sea de los que están en la Constitución o de los que están establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
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De esta manera cubrimos todos, o sea resolvemos un pendiente del país. Estábamos desfasados respecto de la comunidad internacional más avanzada en materia de proclamación de defensa y de garantías o de derechos humanos.
Y es también una respuesta al país entero y al gobierno en especial, en el momento en que la tendencia principal es hacia la limitación de derechos en México, con la cuestión de la crisis de violencia terrible que está viviendo el país, entonces la respuesta que las autoridades principalmente están asumiendo, es limitar derechos, cercenar derechos, atropellar derechos en aras de combatir a la delincuencia organizada.
Entonces, nosotros estamos reivindicando los derechos humanos. La autoridad debe ser garante de los derechos humanos, aun en situaciones de crisis de violencia, de crisis de inseguridad pública, de desbordamiento de la delincuencia organizada, porque si el Estado va a responder igual que como están actuando estas bandas, algunas de las cuales están muy bestializadas, matan niños, mujeres, ancianos, es una cosa ya terrible lo que estamos leyendo cada día en los periódicos.

Si el Estado va a resolver en el mismo plano, esto no tiene solución. El Estado no puede responder en la misma forma en que actúan las bandas delincuenciales que están lesionando seriamente a la sociedad.
La autoridad no está para lesionar a la autoridad, sino para protegerla. He aquí un mensaje y vamos a ver hasta dónde en leyes secundarias esto puede aterrizar.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Santiago, creo que todos difícilmente no coincidiríamos, todos estaríamos en lo mismo, si se plantea el asunto de los derechos humanos.
El gran asunto, el gran tema es cómo instrumentarlos con un sistema muy carcomido, con un sistema en donde quién es el que va a poner en juego todo esto.
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Recordaba, no sé si a lo que se refería Pablo es al asesinato de la señora de 60 años y a un niño de dos y otro de ocho, que me parece es una cosa verdaderamente demencial, en Guerrero, en Acapulco.

¿Cómo le vamos a hacer en esta otra parte? ¿Qué han pensado ahí? Aquí sí a lo mejor, parafraseando aquel viejo anuncio, “es igual el juego que el juguete”, o sea las dos cosas son importantes.
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN): Es que son dos cosas. Uno es el cambio de carácter legislativo y la reforma constitucional; y otro es la instrumentación, la operación en el mundo real, en la práctica, en los juzgados, con los Ministerios Públicos, con las policías, en los operativos que se están llevando a cabo, que se cumplan los derechos humanos.

Entonces sí son dos cosas que hay que distinguirlas, pero que van de alguna manera vinculadas.
¿Qué fue lo que se gana con esta reforma? En primer lugar se genera un estado de conciencia sobre los derechos humanos que antes no la teníamos en esta dimensión constitucional.
Nuestra Constitución redactada fundamentalmente en 1917, la concepción era otra cosa. Eran más bien garantías, los medios de defensas, una visión positivista; no una visión humanista. Entonces, se ha cambiado en primer lu gar la filosofía política de la Constitución.

En segundo lugar, se han establecido con toda claridad cuáles son los derechos humanos, los contenidos en la Constitución y los contenidos en los tratados internacionales, de los cuales México es parte, entonces tenemos ya una materia perfectamente definida de qué son los derechos humanos.
Tercer aspecto fundamental, ahora estos derechos humanos ya definidos en la Constitución y en los tratados, van a poder ser protegidos y defendidos por tribunales mexicanos o por tribunales internacionales cuyas sentencias tendrán efectos en México.

Cuarto, las sentencias de esos tribunales ahora tendrán que reparar el daño. No es una cuestión solamente de establecer una sanción para el servidor público que incurre en una violación. El Estado mexicano tendrá que reparar el daño. 

Con esto la reforma establece un estado de conciencia mucho más cercano al tema de los derechos humanos; establece un nivel mucho más alto de cumplimiento. Y tenemos toda una materia nueva, que son los derechos humanos del mundo internacional, de los tratados que México había suscrito, pero que no podían ser eficaces en nuestro territorio nacional porque ni siquiera había el recurso jurídico para plantearle a los tribunales un caso cuando se diera un incumplimiento de un derecho humanos contenido en un tribunal internacional.

Ahora, por ejemplo, un derecho humano clásico en materia política, votar y ser votado. Las famosas candidaturas o ciudadanas o independientes, como se les quiera llamar. Están reconocidas en el Pacto de San José.

No requieres un cambio de legislación interna para apelar a tu derecho ciudadano, en el Pacto de San José, tratado suscrito por México, por si te niegan el registro, ir a solicitarlo por la vía del recurso de amparo, como muy bien lo dijo el senador Pablo Gómez, porque ahora reformamos el artículo 103 de nuestra Constitución, para que el juicio de amparo tenga competencia para poder igualmente servir de instrumento en caso de violaciones de derechos humanos.

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Pero el problema es que no procede el amparo en materia electoral, dice la Constitución.
Tú estás planteando un asunto más complicado, poquito más.
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN): Y déjame darte otro ejemplo: un derecho humano dentro del área laboral, en los sindicatos voto libre y secreto, y eso está en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo; un derecho que puedes ir a recoger ese tratado y traerlo a la legislación doméstica ya.

Entonces, la importancia que tiene esta reforma es que muchos de los acuerdos que no hemos podido lograr, por las causas que fueran, como la legislación internacional es mucho más avanzada en muchos aspectos que la doméstica, vamos a poder aprovechar esos avances,
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porque ahora esos derechos nuevos, por decirlo de alguna manera, van a poder ser defendibles en tribunales nacionales, pero también – ojo—en tribunales internacionales.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODIST A: Eso está bien, vamos a homologar que eso está bien.
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN): Todo lo que es el sistema interamericano, de la Corte 
Interamericana, siempre se llegaba a una sentencia en donde se decía “cambien su legislación para que tengan el recurso, para que puedan ser defendibles estos derechos”.
Con la reforma y con la reforma paralela que se ha llevado a cabo en materia de amparo, esto ya no será necesario. Es un gran avance.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Pedro Joaquín, supongo que una ley como ésta viene aparejada con otras leyes. Supongo que una renovación o una reforma a la Ley Laboral, tendrá que ver con derechos humanos. De este asunto que nos digas algo al respecto.
Y lo otro, recientemente ha habido declaraciones fuertes, me parece, de funcionarios donde dicen “si yo lo ve enfrente, yo lo mato, no pregunto”, etcétera. Este asunto que se dijo, las ratas y todo esto, que es un asunto muy delicado porque conforma una educación. 

Todo este mirar de las cosas, que incluyen que todos tengamos derecho por más que estemos en una circunstancia especial en la sociedad; hablo de delincuentes, ladrones, asaltantes, narcotraficantes, que es una cultura muy difícil de entender, porque ahí aventamos hasta la ley fuga a veces.

-SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI): Creo que el mensaje que el Congreso ha mandado al país, en un momento en que hay una lucha tremenda entre los grupos de la delincuencia organizada, entre ellos y las fuerzas de seguridad, y que hay por lo menos una corriente de opinión en el gobierno y en parte de la opinión pública, que el combate al crimen organizado sólo se puede ganar si se hacen a un lado los derechos humanos, el Congreso dice “no”.
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Esta lucha tiene que ser en un marco del orden constitucional. Creo que el paso que se está dando es muy importante, porque nuestra Constitución estaba muy rezagada.
Por ejemplo, prácticamente todas las constituciones europeas reconocen los derechos humanos contenidos en tratados internacionales; ahí están los derechos humanos de segunda y de tercera generación.

En América Latina sólo cinco países no lo incluían, entre ellos México. Es un paso muy importante.
Un aspecto importante es que se fortalece a la Comisión de Derechos Humanos para que pueda tener mayor eficacia en la vigilancia de las violaciones que se están dando en el día a día.
Por ejemplo, el criterio judicial le negaba a la Comisión de Derechos Humanos la posibilidad de ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes que violaran derechos humanos, incluidos en tratados internacionales.

Ahora esas acciones de inconstitucionalidad, hay un mandato expreso en la Constitución.
Cuando se creo la CNDH no se le dio competencia en tres campos: el laboral, el electoral y el judicial.
Ahora eliminamos el campo laboral de la exclusión. Lo incluimos dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En el campo laboral hay muchísimas violaciones, todos los días de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos va a poder incursionar ahora en esta vigilancia.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: ¿En la CNDH cambia el concepto que recomienda y entonces se vuelve como las llamadas a misa?
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-SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI): No. Los ombudsman no pueden emitir decisiones vinculatorias. La naturaleza del ombudsman es que tienen que hacer recomendaciones, que deben tener un gran peso moral; pero, qué establecimos frente a una realidad mexicana donde muchísimos funcionarios públicos no acatan las recomendaciones de la CNDH.
Estamos estableciendo que el Senado o en su caso las legislaturas de
los estados, podrán citar a estos funcionarios para que expliquen por
qué no están cumpliendo estas recomendaciones. Aparte de que tienen que fundarlas en derecho la razón y expresar las situaciones depor qué caen en este incumplimiento. Es un mecanismo inhibitorio que se está incluyendo. 

También hay un punto ahí que todavía queda pendiente con los diputados, pero en las facultades que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar violaciones graves, consideramos se le debe dar acceso a la información reservada que tiene el Estado, preservando obviamente la CNDH esta calidad de la información.

Hay otros avances que tiene la reforma y que ya iremos comentando. Respecto al tema concreto que me preguntabas de declaraciones, de jefes policíacos en el sentido que ejecutan.
Aquí deben actuar las autoridades. La CNDH ya abrió una investigación, lo que me sorprende es que las procuradurías no abran investigaciones; es decir, que alguien en este país pueda decir públicamente que ejecuta gente y no haya una consecuencia legal, no se abra una averiguación previa, no sea citado a declarar.

Es el ejemplo de la impunidad rampante que hay en el país.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Es una autoridad importante.
-SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI): Es importante. ¿Cómo es posible?
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Nadie les mintió nada, ¿no?
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-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Digan de quién están hablando, si no nadie va a entender.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: No me cuesta a mí nada de trabajo, el jefe policíaco en Torreón, Coahuila, que dice que perseguía a los zetas y que a los zetas no les va a preguntar y que les dispara de espalda y los mata.

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Y que ya lo ha hecho, y ahora lo mandaron a Quintana Roo, el estado de Pedro Joaquín.
-SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI): Que alguien puede declarar que se cometen ciertos delitos, no es citado por las autoridades.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Claro, no se abre una averiguación, es un asunto básico.

Ricardo, otra de las partes que es importante es el tema de cómo en esta línea de repente de desacreditar a alguien, se dice particularmente en el caso de la familia Reyes “lo que pasa es que el hermano estaba metido en algunas cosas”, entonces se rompe, no diré que por arte de magia, pero de manera muy brusca, la posibilidad de reconocer a defensores de los derechos humanos, porque al rato lo van a desacreditar diciendo “es que es su hermano, su tío o su pariente”.

¿Cómo defender a los defensores?
-SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA (PT): Creo que sí es un avance importante. Todavía falta mucho. Creo que México es de los países más rezagados en materia de derechos humanos; incluso legislaciones europeas están mucho más avanzadas.
México siempre ha tenido reservas y ha tenido demasiada resistencia para reconocer, incluso los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Senado de la República y son obligatorios para el país.
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ESte tema que comentas es muy socorrido en nuestro país. De los 35 mil o 40 mil muertos que ha dejado esta guerra contra el crimen organizado, que ahora ya no le quieren llamar guerra, sino lucha contra la delincuencia organizada o lucha contra la inseguridad, el 90 por ciento de ellos no tienen averiguación previa.
No saben quiénes eran y no hay ninguna averiguación que te pueda determinar que en efecto eran delincuentes o eran presuntos responsables de delitos contra la salud en sus distintas modalidades, el 90 por ciento.
Es decir, el 90 por ciento se va a la fosa común, y en este país es muy difícil que si hoy por la noche Javier Solórzano sale del Senado, cerca de las calles del Centro Histórico, lo asesinan; mañana dicen “es que Javier Solórzano probablemente estaba involucrado con el narcotráfico”, y saliendo de la reunión con los senadores seguramente iba a su actividad nocturna, que era el administrar una narcotienda.

Esto te pasa porque la familia Reyes, primero no hay averiguación, pero con que Estados Unidos haya dicho “no fue el motivo su movilización, su protesta social, sino que había vínculos con el narcotráfico, posibles vínculos de los hermanos”, esto descalifica a toda la familia y la gente deja de exigir justicia para aquella persona que fue asesinada frente a palacio de gobierno de manera vil y que nos indignó.

Y ahora por el simple hecho de introducir esta especie, que se trataba de personas relacionadas con el tráfico de drogas, basta para que no investigues y lo sumes a la estadística de los mal nacidos y de la gente non grata para el país.

El avance importante de esto, en el artículo primero establece cuatro categorías de los derechos humanos. Una, dice, no sólo la reparación de la que estábamos hablando, sino que hay obligación del Estado para la prevención, investigación de la violación de derechos humanos, para la persecución y sanción de quien violó derechos humanos; pero una cuarta categoría que muchos hemos luchado desde la izquierda, es la reparación del daño que se comete con motivo de la violación de derechos humanos por el Estado.
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Hoy hay la obligación constitucional. Claro, todavía no se aprueba porque está en los estados, en el Constituyente en los estados, y tiene que contabilizarse.
Pablo no cree en el Constituyente permanente. La mayoría de las legislaturas tiene que aprobar para que tenga la formalidad de ser reforma constitucional, pero este es un tema que me parece un avance importante.
Son 11 artículos, no es cosa fácil. Es una reforma profunda, son 11 artículos de la Constitución.
El artículo primero es el que te refiero y establece la sustancia de que todos los tratados internacionales suscritos por México serán aplicados en el país.

Este es otro avance importante, porque en efecto, decía el senador Creel, había reticencias, porque decían “la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice esto”, y en un transitorio, en una parte del resolutivo decía “y que el gobierno o que el Estado mexicano legisle y adecue la norma internacional a la norma nacional”.

Ya no hay necesidad de eso, porque la observancia era obligación de los tratados internacionales.
Hay todavía cosas que aclarar. Yo me reservé algunos artículos, el tema de la preferencia sexual.
Las legislaciones modernas en el mundo ya hablan de identidad de género y orientación sexual. Es decir, todas las legislaciones del mundo para la no discriminación en ninguna materia.

El artículo 1, el artículo tercero, que establece por vez primera que la educación se debe implementar el respeto y la cultura de los derechos humanos en educación impartida por el Estado.
El artículo 11. El 33, que establece ya la audiencia previa, una audiencia para aquel extranjero que es expulsado por el Ejecutivo del país, se le otorga el derecho de audiencia previa a partir de la reforma.
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El propio 29 que es fundamental, porque era un reclamo permanente. El artículo 27 que se modificó, en materia de suspensión de garantías, perdón el 29, es que el 27 lo reitero, es el que contiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención Americana, este 27, traslada toda la parte de los derechos que no se pueden suspender; derechos que no se pueden suspender cuando exista una suspensión de garantías.

Derecho a la no discriminación, derecho de conciencia, derecho de la familia. Es decir, varios derechos que aún cuando haya suspensión de garantías de acuerdo con el 29 constitucional, en ningún momento podrán suspenderse.

Y así te podría decir, pero yo tengo dudas sobre el traslado de la facultad constitucional de la investigación de la violación de derechos humanos por la Corte, que anterior mente la tenía en el 97 y ahora la trasladamos al 102 constitucional, para otorgársela a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En lo que sí estoy de acuerdo es que ahora se establece un procedimiento, para que si tu eres autoridad y no aceptas una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, tienes que fundar por qué no aceptas la recomendación, por qué la negativa de no aceptar la recomendación e incluso con la posibilidad de que comparezcas al Senado o ante una autoridad para eso.

Y una cosa que es un avance, el procedimiento para la designación de los Consejos Consultivos, que es mayoría calificada en la toma de decisiones, y la designación o elección de los titulares de las comisiones de derechos humanos en los estados, que ahora será mediante un procedimiento público y transparente para que no sea un dedazo del gobernador o de alguna gente.

Por último tomo lo que comentabas y escuché de Pedro, dijiste ¿habrá legislación posterior a ésta? Sí, porque muchos de los artículos constitucionales que se modificaron para su aplicación, requieren de ley reglamentaria, como es el caso de los artículos uno, 11, 33, 97,102. Todos necesitan, para aplicar esta disposición constitucional, se requiere una ley reglamentaria que en un transitorio le hemos puesto un año para que tengamos esa legislación y pueda aplicarse a
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plenitud estas disposiciones contenidas en 11 artículos de la Constitución, modificados.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Pablo, además de lo que podrías plantearnos, te planteo, el tema de las comisiones nacionales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido muy controvertido; de repente se han personalizado mucho. Da la impresión que de repente es el estilo personal de quien la dirige, pierde su esencia institucional.

¿Hay avances reales, más allá de lo que nos decía ahora Ricardo? ¿Hay avances reales en el caso de las Comisiones de Derechos Humanos que juegan un papel importante? Sobre todo en la esencia de la detención de alguien, de los Ministerios Públicos, de los juzgados, en donde muchas veces han sido criticados “ya llegaron los de la comisión, déjenlo ir”, y se pierde este sentido original del derecho de cualquier persona a defenderse y de sus propios derechos.

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): En materia de comisiones, esta reforma constitucional ---ya lo decía Ricardo Monreal—hace obligatorio que las comisiones estatales de derechos humanos sean autónomos, sean organismos autónomos. Algunos, la mayoría de estas comisiones, actualmente lo son, pero hay algunas que no lo son.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: ¿Las decide el gobernador?
-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Sí, son organismos desconcentrados o descentralizados.
Hubo el intento en algún estado de hacer la Comisión de Derechos Humanos y la de Transparencia de Información Pública Gubernamental en un mismo organismo para ahorrar dinero.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Son dos cosas diferentes. -SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Son dos actividades que sí protegen derechos de ciudadanos, pero algo diferente.
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Tendrán todas ellas que ser autónomas, igual que la Comisión Nacional. Tendrán que ser nombradas de manera transparente y a través de un procedimiento igualmente transparente, cosa que actualmente no es así.

En cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humamos, esta facultad que se le da de investigar de manera especial cualquier violación grave de derechos humanos en el país, como investigación diferente a lo habitual, casos Atenco, qué se yo, que actualmente la tiene la Corte, que ahora la va a asumir de aprobarse este proyecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene un elemento muy importante, que como consecuencia de la investigación la Comisión de Derechos Humanos tiene que recurrir a la autoridad, presentar su investigación a la autoridad y ponerla a la autoridad, en la tesitura de resolverlo, porque actualmente nadie resuelve.

Este es un elemento. Y otro, que no habrá barrera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá averiguar todo lo que sea y meterse en todo lo que sea, porque la Corte misma no ha ayudado a esto, tiene tesis que dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede exigir que se le entreguen ciertas informaciones reservadas por la ley a cualquier persona moral o física, y eso incluye a la Comisión de Derechos Humanos.

La idea no es esa. La idea es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder realmente ser garante, protector de los derechos humanos de toda la sociedad, tiene que tener acceso a cualquier información; no debe haber ninguna limitación. Claro, hay cosas que son reservadas porque esta reserva tiene como fin principal el preservar el derecho de algunas personas.

Por ejemplo testigos, identidad de menores. Hay una cantidad de cosas que están protegidas, correctamente protegidas, o aquella información que de ser pública pudiera dar al traste con una averiguación y pudiera darles a los posibles responsables la oportunidad de eludir la ley o desaparecerse.
Pero esta información en manos de la Comisión, deberá –como ya lo dijo Pedro Joaquín-- seguir siendo reservado, o sea la Comisión no la puede hacer pública.
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Es muy importante que los servidores públicos que no acepten las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de que tienen que explicar por qué no las aceptan y por escrito, deban comparecer ante el Senado.

Eso es muy importante, porque un servidor público va a tener que pensar muy bien su respuesta.
-SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA (PT): Es un mecanismo de rendición de cuentas.
-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Ahora, también hay que hacer en la ley reglamentaria un mecanismo ante el fraude de la respuesta, de una vez se los digo.

Una autoridad puede decir “ya le respondí” con puras evasivas, hay quien lo hace. O ya le respondí a satisfacción del presidente de la Comisión, pero no digo qué le respondí, como lo acaba de hacer el secretario de la Marina.

Creo que él, el secretario de Marina, es el único funcionario de cuerpos armados o de seguridad pública del Estado mexicano, que ha emitido una ordenanza respecto del uso legítimo de la fuerza, de la violencia por parte de las tropas, de la Armada de México y la Marina propiamente.
Es el único, en donde se prohíbe disparar en los retenes a quienes no se detengan. En donde se prohíbe terminantemente disparar a vehículos en tierra y en la mar, como dicen ellos.

Es algo que está tomado de las resoluciones de Naciones Unidas respecto de las obligaciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, y es el único que lo ha hecho, el secretario de Marina, por eso me llamó mucho la atención que el secretario de Marina no quisiera hablar muy claro en relación con unos civiles muertos cuando detuvieron a un conocido jefe o capo de la delincuencia organizada en Cuernavaca.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Beltrán Leyva.
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-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Beltrán Leyva, donde hubo dos civiles muertos a manos de infantes de marina.
Ahora parece que ya se puso de acuerdo con el ombudsman alrededor de este asunto, pero nosotros no sabemos nada; o sea, son acuerdos en corto, pero estas cosas son del interés nacional y del interés público.

Todo mundo debe saber las respuestas de las autoridades a lasa recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las comisiones estatales, deben ser públicas; debe haber disposiciones para evitar el fraude o sea que la respuesta no sea respuesta, sino evasiva.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: ¿Piensas igual en esto, Santiago? Y te lanzo otra pregunta que con Pedro Joaquín estábamos ya esbozando, que es el tema de los derechos de los delincuentes, que de repente es muy difícil, los derechos de los secuestradores.
Es difícil entender, pero en un Estado de derecho, en una sociedad, tenemos que ponerlos en la mes queramos o no. Y es impopular, como pocas cosas.

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ ( PRD): La doctrina “Montiel”.
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN): Este es un debate y una reflexión muy profunda, porque finalmente ¿Qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde; y la justicia legal es darle los derechos y otorgarle las obligaciones a cada quien por igual, por eso existe el legítimo derecho de la defensa del culpable.

No para exonerarlo si es culpable, sino para que reciba su sanción justa desde el punto de vista legal, ni más ni menos. Que se le respeten sus derechos procesales.
Por ejemplo, empecemos con uno que es fundamental: nadie es culpable a menos que se le demuestre que lo es, principio de inocencia. Que tenga todos los recursos disponibles, de acuerdo con las reglas procesales y el principio de legalidad.
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Todo esto tiene que respetarse y tiene que cumplirse por cierto. Estas reglas, aunque ya están reiteradas en nuestra Constitución, están también contenidas en los tratados internacionales que México ha suscrito.
Entonces, no solamente es por remisión de vía constitucional, sino también por remisión de vía, ahora con esta reforma, de los tratados.

Quisiera ir a dos aspectos de la reforma que me parecen muy importantes de abordar: derecho que no se conoce, no se puede defender, por eso la reforma establece, como bien lo dijo el senador Monreal, una modificación al artículo tercero de la Constitución, para que todo el sistema educativo nacional integre, dentro de sus materias y a partir de la educación primaria, el concepto y el conocimiento de los derechos humanos, para que el educando desde sus primeros años sepa que tiene unos derechos que son intrínsecos a su persona, que nadie se los ha otorgado, que nadie se los puede suspender o revocar, y que el Estado tiene la obligación permanente de protegerlos y defenderlos.

Entonces, esto va generando un cambio no solamente constitucional; es un cambio cultural, porque estas reformas si bien es cierto que son muy importantes por el número de artículos que se han reformado a la Constitución; por el esfuerzo, esto representa la conclusión de muchos años de luchas de mucha gente.
A nosotros nos tocó la fortuna o la oportunidad finalmente de hacer este último trámite y dar la votación a favor, pero son luchas que vienen de décadas atrás.

-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Piensa en el 68 nada más.
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN): Por eso. Aquí está alguien que viene de más atrás –como se dice--, el senador Pablo Gómez.
El cambio que requiere el país, y este es el punto, no es solamente un cambio legal, que lo es, sino un cambio desde el punto de vista cultural; que cada mexicano, que cada ciudadano se sienta de una 18
manera real, con sus derechos perfectamente firmes y exig ibles ante el Estado para su protección y para su defensa.

Otro aspecto de la reforma que también quisiera yo comentar. Siempre hemos tenido un problema en materia de política exterior. Esta es una reforma que toca aspectos serios de política interior, como los que aquí se acaban de mencionar, pero uno fundamental de política exterior que va a ser la diferencia, es que hoy en día dentro de los principios de política exterior, como es el caso de la resolución pacífica de los conflictos, del principio de no intervención, ahora tenemos un principio adicional en el artículo 89, que es lo que rige la actuación del titular del Ejecutivo en materia de política exterior, los derechos humanos.

Donde se presente México, en el foro internacional de que se trate, ya no va a haber o no debe haber dudas; habrá los debates, seguramente la reflexión y la valoración de las circunstancias de cada caso, pero el principio rector de sus votaciones en el exterior, de México, del Estado mexicano, por principio constitucional tendrán que ser los derechos humanos.

Esto aborda aspectos importantes que tienen que ver con las discusiones que hemos tenido en el caso de Cuba o en el caso de los Estados Unidos con sus prisiones que violentan igualmente derechos humanos. Es decir, esto corre para todas partes.

Esta es una reforma que tiene un grado y una profundidad que puede que tarde algún tiempo, pero en la medida que hagamos conciencia de lo que se ha logrado –que todavía debe lograrse más--, creo que es un avance muy importante de reconocer.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Pedro Joaquín, un avance que siempre se plantea con los derechos humanos en general, pero en países que hay niveles de pobreza considerables ¿cómo aplicar los derechos humanos si no tengo el derecho a la educación, a la salud, al empleo o a la justicia, como ahora mencionábamos respecto a las cosas que han pasado?

¿Esta parte cómo adecuarla? Porque los derechos humanos son eso, el derecho quizá hasta el aborto para las mujeres en función de lo que
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es hoy la sociedad, en fin, como muchos temas que están ahí alrededor.

-SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI): Quisiera primero referirme al tema que se habló de los derechos humanos en relación a los delincuentes, porque hay una visión, no generalizada, pero si importante en el país, de que cuando se habla de derechos humanos lo que estamos haciendo es entorpeciendo la lucha contra el crimen y se habla de derechos de los delincuentes, como si los derechos humanos fueran nada más para los indiciados.

La reforma protege a todos los mexicanos, a todas las personas que están en territorio nacional y que pueden ser víctimas de los abusos del poder o que pueden sufrir atentados contra la dignidad humana, que es finalmente lo que protegen los derechos humanos.

Esta legislatura ha hecho un trabajo muy importante, no sólo en que los procesados sean juzgados conforme a los estándares internacionales del debido proceso, sino se ha trabajado muchísimo en ampliar el catálogo de derechos de las víctimas de los delitos.

La reforma de seguridad pública y justicia penal de junio del 2008, que se publicó, amplía considerablemente los derechos de las víctimas, frente por ejemplo al monopolio de la acción penal del Ministerio Público.
Hoy en día las víctimas pueden impugnar ya resoluciones del Ministerio Público que nieguen el ejercicio de la acción penal, que manden a reserva ciertos asuntos que estén en proceso; les dan a las víctimas derecho a aportar elementos sobre la investigación de los delitos para que exista mayor eficacia durante el juicio.

Entonces es un aspecto que no hemos dejado atrás, sino se ha trabajado mucho.
La Ley Antisecuestros trae un catálogo amplísimo de derecho de las víctimas y de sus familiares.
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Respecto a la otra pregunta, creo que es un falso dilema en el sentido de decir que o ampliamos los derechos humanos y qué sucede con los derechos de la población, la gente más pobre.
Son quizá los más expuestos, los más vulnerables a violaciones de derechos humanos.
Ciertamente las reformas legales no cambian la realidad, pero sí pueden –como decía el senador Creel-- desatar cambios culturales.

Creo que esta reforma sí nos puede ayudar a que vayamos forjando en el país esta cultura de respeto a los derechos humanos, que creo nos puede hacer un país mucho mejor de lo que somos.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: ¿Técnicamente qué es lo que viene? ¿Estas reformas tienen que ir a la Cámara de Diputados, son de carácter federal? ¿Qué es lo que viene?
-SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA (PT): Primero, la c onclusión de la reforma depende de la aprobación de las legislaturas de los estados, en un 50 por ciento más uno, hacer el cómputo, promulgarse y publicarse.

Y posteriormente para poderse aplicar las más importantes disposiciones constitucionales contenidas, 
sobre todo en el artículo primero, en el 33, 102, en cinco disposiciones, tienen que hacerse leyes reglamentarias. Es decir, se tienen que diseñar leyes reglamentarias.
Incluso en materia del sistema penitenciario, por lo que decías de las víctimas y de los delincuentes, también hay un artículo concreto –creo es el 15-- en donde el sistema penitenciario también debe observar todas las disposiciones contenidas en los tratados en materia de derechos humanos.

Hay un avance muy importante que hemos olvidado, que refuerza la facultad de la Comisión de Derechos Humanos en materia de interposición de acciones de inconstitucionalidad, contra leyes federales o estatales o contra cualquier instrumento que vulnere los derechos humanos.
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Y hay otra disposición concreta, 18, que dice que “no se suscribirán ningún tratado internacional que atente o que viole, o que esté en contra de las disposiciones contenidas; o sea, sí es una parte importante, pero les diría que falta un largo tramo, porque tendremos que ponernos de acuerdo en el alcance del artículo primero constitucional y sus modificaciones, y de ahí viene una ley reglamentaria.
En el 27 constitucional, sobre suspensión de garantías, ahí viene una ley reglamentaria. Y en otras cinco disposiciones de la Constitución, tendrán que derivar en leyes reglamentarias, incluso los transitorios describen con claridad qué leyes deben promulgarse o deben elaborarse en menos de un año.

Por ejemplo esta que te decía, de que se homologuen todos los estados del país en su legislación ordinaria, para que las comisiones de derechos humanos admitan estos nuevos procedimientos de consulta pública, de un diseño transparente de designación o de elección de titulares de las comisiones y de su consejo consultivo de las mayorías calificadas para la toma de decisión de la autonomía total y de la personalidad jurídica y patrimonio propio de las comisiones estatales de derechos humanos, se otorga por el Legislativo, por el legislador, se otorga un año para que se homologue la disposición constitucional y las locales contengan lo que a nivel federal estamos aprobando.

-SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI): Un comentario sobre el procedimiento: las dos Cámaras hemos votado esta minuta en el 99.9 por ciento de sus disposiciones.
Hay un punto donde no hemos coincidido, que es el tema de las atribuciones del Consejo Consultivo de la CNDH, para participar y autorizar, para desarrollar y desahogar las investigaciones de violaciones graves.

Entonces hemos aprobado la minuta y hemos aprobado nosotros los senadores, que lo ya votado se vaya a los estados, y el único párrafo donde hemos tenido esta diferencia, lo dejemos pendiente y lo superemos después.
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Esto lo tienen que autorizar también los diputados. Yo espero que en los próximos días ellos autoricen que en lo ya votado por las dos Cámaras, se pueda ir a los estados y dejemos pendientes esas dos líneas.
-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): O también la Cámara puede admitir el texto redactado y aprobado por el Senado, que originalmente no lo había admitido. Esa es otra posibilidad.
Y una tercera, completamente indeseable, es que todo se atore mientras no se resuelva un punto muy secundario, que es realmente menor, viendo la importancia tan grande que tiene esta reforma, asunto que se puede ver después o incluso en una ley secundaria, y todo se detenta.
Yo realmente confío, espero y exhorto a los colegas de la colegisladora, espero vean este debate, para que ellos tomen en cuenta esto. No les está pidiendo el Senado que acepte el texto que nosotros hicimos respecto a esta cuestión divergente de la atribución y del consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que se deje pendiente.

Claro, si lo aceptaran tanto mejor, no nos oponemos.
-SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA (PT): Es un punto muy claro, para que la gente que está viendo el Canal, le quede muy claro.
¿Cuál es la divergencia? La divergencia es una facultad que se le atribuía al consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que actuara como un órgano de investigación en el caso de violación de derechos humanos, que es la facultad que le traslada la Corte o que le traslada el legislador de la Corte a la Comisión de Derechos Humanos, y que nosotros creemos que no es órgano jurisdiccional ni de investigación el cuerpo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Ese se suprimió, no se aprobó ni se desaprobó, simplemente se suprimió del texto constitucional.
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-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: ¿Puede generar tanta polémica, Santiago?
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN): Se ha creado mucha polémica, precisamente fue el punto en donde no nos hemos puesto de acuerdo con la Cámara de Diputados, y es un punto muy importante.
¿Por qué? Porque es el instrumento para investigar las violaciones graves a los derechos humanos; es decir, es la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia y que no funcionó en la propia Corte, en los casos de Atenco, de los gobernadores de Oaxaca, de Puebla, etcétera.

Lo que sucedía era algo muy grave, estamos hablando de que la Suprema Corte de Justicia es nuestro máximo tribunal constitucional; y no era posible que el máximo tribunal constitucional no pudiera resolver un caso así, generaba una expectativa muy alta entre la población y luego una enorme frustración y eso debilitaba a la Corte.

Por otra parte, un tribunal constitucional no es lógico que no tenga dentro de sus competencias plenas facultades jurisdiccionales para resolver los casos, porque aquí lo que finalmente ocurría es que la Corte daba una opinión. Entonces, ¿cómo es posible que un tribunal constitucional llegara solamente a términos de una opinión?

Entonces, el cambio como aquí se ha explicado, es un cambio radical, transferir esa facultad disfuncional en la Corte, para hacerla funcional en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; pero aquí el diferendo está en lo siguiente: los diputados propusieron que fuera el consejo consultivo, que es un consejo más bien honorífico, integrado por gente que ni siquiera son servidores públicos, que fuera el que llevara a cabo la investigación y el procedimiento, el desahogo y el desarrollo del procedimiento.

Nosotros pensamos que en todo caso el consejo consultivo podrá intervenir para decir si se acepta o no un caso de violación grave, para llevarlo con procedimiento especial, pero no que se encargue de todo el procedimiento, de su desarrollo y de su desahogo.
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¿Cómo están las cosas? Los diputados tienen ya los elementos para tomar una adecuada decisión.
¿Y yo qué esperaría como integrante de la colegisladora? Que no vayan a dejar lo más por lo menos.
Eso es todo. Y que en caso de que sigan con esa divergencia ellos, que dejen pasar el 99.9 por ciento la reforma y ya después nos pondremos de acuerdo en este otro proyecto.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Quisiera plantearles que nos dijeran en poco tiempo, para una sociedad como la nuestra, para un país como el nuestro, que además vive una situación de violencia tan fuerte, en donde de repente pareciera que hablar de derechos humanos puede ser secundario porque hay una cosa que es más importante, luchar contra la delincuencia organizada en todas sus áreas.

¿Que importancia hasta ahorita lleva esto para un país como el nuestro, a pesar que de repente no se ve el otro lado del río y menos la luz al final del túnel?
-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Pienso que seguimos en el camino que se le dé importancia a la vigencia, a la defensa de los derechos humanos.
Tenemos ya algunos años en esta lucha, se han dado muchos avances. Ha habido muchas amarguras en este camino. Lo importante es continuar en esa dirección.

Subrayo algo que dije al principio del programa: en los momentos en que todos los vientos soplan a favor de cortar derechos, porque se trata de la delincuencia organizada, y de presentar a la autoridad cuando comete excesos contra los derechos humanos de las personas, como una autoridad que se justifica por la situación de presión en la que vive, daños colaterales; cosas así, como si estuviéramos en una guerra formal.

Cuando se habla de esto y cuando se pone mucho énfasis en estas cosas, que el Poder Legislativo 
responda con la decisión de afianzar
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nuestro concepto global de derechos humanos, de sus garantías, de la obligación del Estado de respetarlas, sea quien sea la persona, presunto culpable o no, el peor delincuente o no, porque si defendemos ese conjunto estamos defendiendo algo esencial y estamos impidiendo que el Estado se deslegitimise, aplicando la fuerza contra sus reales o supuestos enemigos, y llevándose de corbata a toda la parte de la población que es víctima de los atropellos.
Entonces reiterar la necesidad de exaltar, difundir, defender, garantizar, exigir el cumplimiento de los derechos humanos. También decirle a todo México cuáles son esos derechos humanos.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Santiago.
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRAND A (PAN): Una democracia para que funcione requieren funcionar sus controles internos. Esta reforma lo que hace es afinar esos controles internos; y una cosa más, afinar los controles externos.
Esta es una discusión que apenas empieza. Y digo que apenas empieza porque el mundo global ya llegó, para los que lo quieran ver y también para los que no.

Lo acabamos de observar que se ha suscitado en Egipto, en Túnez, ahora en Libia, es algo que nos debe llamar la atención por observar todos los mecanismos de derecho internacional que van a empezar a funcionar respecto a los antiguos dictadores.

Y no solamente en el congelamiento de sus activos, de la enorme corrupción que han derivado esas dictaduras, sino de los castigos que vendrán por las violaciones a los derechos humanos de los tribunales de carácter internacional.

Por eso creo que hemos dado un paso y hemos abierto un debate, porque el concepto de soberanía vamos a tener que redefinirlo o al menos volverlo a discutir, porque estamos en una tesitura de que aunque todavía la Constitución tiene primacía, le hemos puesto un control, que es el principio de interpretación “pro homini” a favor de la 26 persona, el derecho humano que más le beneficie, aunque éste esté en el orden internacional.

Eso va a generar debate interno, los tribunales van a tener que dirimir cuáles derechos son los que valen más y en qué caso y circunstancia, y creo que entrando ya a temas de alta modernidad; a temas del mundo global, de los derechos humanos, del derecho internacional y del funcionamiento de nuestra democracia.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: ¿Qué piensas Pedro Joaquín, para concluir?
-SEN. PEDRO JOAQUÍN COLDWELL (PRI): Me parece que lo que estamos viendo ahora en nuestro país, es que el crimen le está disputando al Estado el uso de la fuerza; que es un monopolio que debe tener el Estado.

En esta confrontación al Estado le corresponde usar la fuerza legítima; es decir, el Estado no puede usar la misma fuerza despiadada y cruel que está usando en el crimen organizado. Tiene que ejercerla bajo los controles que marca la Constitución.
Creo que aquí el mensaje del Congreso es “sí vamos a un combate tenaz, fuerte, firme, severo contra la delincuencia, pero en el marco de lo que caracteriza una democracia constitucional, que es el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos”.

-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Finalmente senador.
-SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA (PT): El momento por el que atraviesa el país es muy complicado, de muchos agravios sociales.
Yo veo un proceso de descomposición interno en el país, con autoridades y gobernantes mediocres, con un avance del control de territorio, del crimen organizado; con daños colaterales más graves que los de una guerra regular y con violación sistemática de derechos humanos y por eso la importancia de estos instrumentos jurídicos que se acaban de aprobar.
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Estos instrumentos jurídicos incluso, bien lo decía Santiago Creel, pueden ser los instrumentos para llamar a cuentas en comisiones de la verdad por crímenes, por delitos graves en perjuicio de la población civil.

No se descartan que puedan ser llamados militares o quienes encabezaron esta guerra absurda con los daños causados tan enormes para el país, casi 40 mil muertos; muchos de ellos civiles sin ninguna culpa, inocentes, y que la gente cada día está reclamando justicia.
Por esa razón creo que estamos sumidos en un proceso de deterioro y el país se está cayendo a pedazos.
Se requiere un gobierno diferente y una estrategia diferente para combatir la delincuencia organizada.
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Si ustedes no disponen otra cosa, quizá sería bueno volver al tema como en dos o tres veces para ver qué ha pasado. La dinámica misma del país lo va a exigir, la política también va a enfrentarnos ahora, como las elecciones en el Estado de México.
-SEN. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ (PRD): Y hay que esperar qué va a pasar con la discusión sobre la jurisdicción militar. Tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a que los tribunales civiles sean los que enjuicien a los militares que cometen delitos contra civiles.
Yo le pregunto al Congreso: ¿Y vamos a respetar esa decisión de la Corte o vamos a seguir en el mismo cuento como hasta ahora?
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Yo los convocó, a ver si en poco tiempo demos, en una segunda vuelta, pero bajo otras circunstancias. Sobre todo hay que ver qué pasa en los estados. ¿En algunos estados habrá quien no quiera una cosa de estas?
-SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA (PT): No pueden.
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-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Pero digamos, ¿habrá quién lo quiera? Estoy pensando en la autoridad.
-SEN. SANTIAGO CREEL MIRANDA (PAN): Son votaciones prácticamente unánimes en ambas Cámaras; tenemos esta situación de diferendo, pero los diputados votaron por unanimidad y nosotros los senadores también, o sea que trae una fuerza política realmente muy contundente. 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, PERIODISTA: Es un gusto que hayan estado en su casa, gracias en nombre de todos.



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